Sociedad abierta y estabilidad constitucional
Por Carmen Iglesias, de las Reales Academias Española y de
la Historia
ABC, 6 de Diciembre de 2003.
"SIENDO los hombres libres, iguales e independientes por naturaleza,
ninguno de ellos puede ser arrancado de esa situación y sometido
al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento".
Estas palabras seminales de John Locke, padre fundador del liberalismo,
inauguran la historia constitucional occidental; sólo a partir
de ese consentimiento es posible el pacto social y político para
vivir en una comunidad ordenada en que se satisfagan las necesidades
permanentes de paz, libertad y seguridad. Ese pacto constitucional se
sanciona por la mayoría, obliga a todos, y es la carta fundacional
que no puede ser alterada en su fondo básico -paz, libertad,
seguridad- y sólo modificada en su forma bajo ciertas condiciones
previamente determinadas en el propio pacto. Así, la prioridad
de la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas concretas,
de los individuos en tanto que ciudadanos, junto con el principio de
separación de poderes, se erigen en pivotes de todo el sistema
constitucional. El Estado de Derecho garantiza las "reglas de juego",
y protege de esta manera la libertad de cada ciudadano, al tiempo que
hace posible el desarrollo de sus intereses contrapuestos, evitando
la violencia entre ellos y creando un marco jurídico de estabilidad
y de planteamiento de los problemas de forma civilizada, a la vez que
se propicia una serie de valores ciudadanos como pueden ser la solidaridad,
la tolerancia y la percepción de una realidad compleja y estimulante.
Estas importantes funciones son las que se han desarrollado en España
en estos veinticinco años, bajo el amparo de nuestra Constitución
de 1978. La vida y la imagen de España y de los españoles
han cambiado radicalmente dentro y fuera del país en el último
cuarto de siglo. A partir de la Constitución, fruto de un amplio
consenso ratificado por la gran mayoría de los ciudadanos españoles,
la "estabilidad constitucional" del sistema ha permitido un
desarrollo social, económico y de expansión cultural como
nunca antes se había experimentado. La integración plena
de España en Europa y en el mundo desarrollado se ha llevado
a cabo en estas décadas de vida democrática. Si comparamos
los cambios culturales, los cambios de sistema de valores en estos veinticinco
años, nos encontramos con unas líneas de continuidad y
otras de ruptura que dan en conjunto un perfil nuevo y moderno a nuestra
sociedad actual: el perfil de una sociedad abierta y en constante evolución,
al ritmo de una época que -como todas- posee sus luces y sombras,
pero que es la que nos toca vivir. Bajo la forma de Monarquía
parlamentaria -pieza clave en la arquitectura política, al mantener
la jefatura del Estado fuera de conflictos partidistas y coyunturales,
lo que proporciona continuidad y estabilidad al sistema entero, aparte
de las demás funciones importantes y necesarias que la constitución
atribuye y delimita a la Corona-, la democracia española ha hecho
realidad el principio ilustrado sobre el que se formaron los conceptos
modernos de nación y patria: "patria no es simplemente el
lugar de nacimiento sino la posibilidad de vivir en libertad bajo las
leyes".
La Constitución de 1978, en línea con las constituciones
europeas, no es ya un documento político o de referencia moral,
como eran las constituciones del siglo XIX, sino, además y primordialmente,
es un documento jurídico, en la línea que marcó
la primera gran constitución liberal, la norteamericana de 1787
y que han seguido en el siglo XX la mayoría de las constituciones
democráticas. Es "norma jurídica, ley de leyes",
a cuyos principios deben doblegarse todas las demás leyes que
puedan emanar de los poderes legislativo o ejecutivo de cualquier sector
del Estado. Y de ahí la importancia de los jueces y tribunales
de justicia, cuando tienen que dirimir conflictos. Y la gran autoridad
y potestad del alto Tribunal Constitucional. La experiencia histórica
ha demostrado que la Constitución como Norma de normas es más
efectiva para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos y más estable que las constituciones dependientes
de mayorías partidistas que, como ocurría en el siglo
XIX, y no sólo en España, cambiaban las reglas del juego
constitucional cada vez que accedían al poder. Nuestra Constitución
actual, producto de un amplio consenso, transformó el famoso
"trágala" de los vaivenes decimonónicos en un
acuerdo constitucional que asegura el pluralismo social y político,
con independencia de las mayorías políticas más
o menos coyunturales. Se produce así la "alternancia democrática"
de partidos políticos sin que el sistema básico de libertades
de los ciudadanos sufra merma alguna.
La necesaria adaptación a una cambiante realidad se puede hacer
de esta manera sin traumas. Por un lado, la flexibilidad del articulado
de nuestra Constitución ha permitido los necesarios ajustes,
en las interpretaciones judiciales de las leyes y naturalmente en la
importante jurisprudencia del Tribunal Constitucional; por otra, la
rigidez del procedimiento formal para la reforma de puntos básicos
del sistema protege el núcleo fuerte del entramado constitucional.
Las Constituciones están hechas con vocación de permanencia,
lo que no quiere decir que sean intocables o sagradas, pues el paso
del tiempo y la sucesión de generaciones exigen sucesivas adaptaciones.
Pero ése es precisamente el importante legado que las generaciones
protagonistas del consenso de 1978 dejan a sus sucesores: a partir de
la estabilidad constitucional conseguida, pueden hacer las reformas
que estimen oportunas siempre que persuadan a los demás para
reunir, al menos, el mismo arco de consenso por el que se establecieron
las reglas de juego constitucional, y sigan el procedimiento y la transparencia
que esas propias reglas han establecido como cautelas para proteger
la libertad, la igualdad de oportunidades y la seguridad y estabilidad
de todos los españoles.
Como dijo S. M. el Rey en la Real Academia de la Historia: "Nos
queda siempre camino que recorrer, pero esta historia reciente demuestra
que podemos hacerlo. Podemos, por tanto, abordar ahora y con la misma
esperanza de futuro, el reto de la profundización en los avances
de la democracia, de la libertad y de la justicia".
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