Hoy, en España, es revolucionario alzar la voz en defensa del Rey. Es necesario hacerlo, obligatorio incluso para los que defendemos el "estado social y democrático de Derecho" que consagra la Constitución y que establece que "la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria" (artículo 1).

Aprovechando la debilidad del Estado, gravemente azotado por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, el Gobierno ha iniciado una campaña de acoso a la Corona con el objetivo de derrocar al Jefe del Estado de una manera inconstitucional para implantar un régimen de extrema izquierda.

El punto de no retorno se marcó las vísperas del 25 de septiembre cuando el Rey debía entregar los despachos a los nuevos jueces en Barcelona, tradición que se viene celebrando desde hace 20 años y que en esta ocasión fue vetada expresamente por el Gobierno. Se difundieron distintos argumentos para evitar la presencia del Rey, a cada cuál más ofensivo para la dignidad del Estado: desde problemas para garantizar la seguridad del Monarca hasta argumentos para no ofender a los socios independentistas del Gobierno por la presencia del Jefe del Estado en Barcelona.

Por si esto no fuera poco, el Rey realizó una llamada de cortesía al Presidente dle Consejo del Poder Judicial para transmitirle su felicitación a los nuevos jueces y decirle que le hubiera gustado estar presente en la ceremonia. Estas palabras fueron utilizadas por los socios comunistas del Gobierno para atacar al Rey por su supuesta injerencia en los actos del Ejecutivo.

En palabras del profesor de Derecho Constitucional, Daniel Berzosa: "la posición constitucional del Monarca no puede verse destruida o desintegrada por el hecho de que todos sus actos deben estar refrendados. Prohibirle o impedirle que ejerza su papel como máximo representante es contrario a la Constitución, y, más, si el acto en el que participa carece de dimensión material o, si se prefiere, es simbólico. Hacerlo supone anular una competencia del Rey, una característica esencial como órgano. La Constitución lo veta y existe una «opinio iuris» extendida (Fernández-Fontecha y Pérez de Armiñán).

La Jefatura del Estado que desempeña el Rey es necesaria por el papel peculiar que solo la Corona puede y debe desempeñar en la esfera política. La autoridad e influencia de la Institución Real es muy útil a la hora de resolver situaciones políticas delicadas (Constant). El Monarca de un régimen parlamentario, con su poder neutral y de influencia, es el mejor aliado del pueblo frente a los poderes efectivos del Estado y la mejor garantía de la integración de la complejidad social y el derecho a la libertad y la prosperidad del ser humano y los ciudadanos."

La Constitución, en el Título X, establece un procedimiento para modificar cualquier aspecto del ordenamiento jurídico, incluido el régimen político. Los partidos que deseen establecer una república deben presentar una propuesta y conseguir la mayoría parlamentaria que señala el artículo 168, convocar elecciones y someter la reforma a referéndum del pueblo español. Cualquier movimiento que obvie la legalidad plasmada en la Constitución, será antidemocrático.

Vivimos unos momentos de gran trascendencia para nuestro país. Tenemos al enemigo en casa, desde las propias instituciones del Estado, Gobierno y una parte del Parlamento, se está atacando a la Jefatura del Estado porque saben que es el último dique de contención del sistema democrático, lo que mantiene el ordenamiento jurídico y el imperio de la ley. El ciudadano de la calle no puede permanecer impasible, todos somos necesarios si queremos salvar la Democracia. Y actualmente, la única manera de hacerlo es al lado del Rey Felipe VI.

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